Ley de Contrataciones: las siete nuevas ideas del MEF para la reforma
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, se presentó hoy ante las comisiones de Descentralización y Economía del Congreso para presentar sus observaciones respecto a la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que viene trabajando ambos grupos de trabajo. Como parte de su presentación, el ministro enumeró siete puntos contenidos en el predictamen de la norma que tendrían “un impacto adverso en la calidad y eficiencia” de las adquisiciones del Estado.
De acuerdo a Arista, si bien la propuesta del Legislativo es positiva, a grandes rasgos, al Ejecutivo le preocupan aspectos relacionados a los impedimentos para contratar y las facilidades económicas para reactivar obras paralizadas, sobre todo a niveles subnacionales.
Preocupaciones mayores
Arista señaló que al Ejecutivo le preocupa que el predictamen del Congreso contemple que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) pueda informar a las entidades públicas contratantes sobre las investigaciones penales en curso que tienen los proveedores de una licitación.
“El predictamen establece que sea solo de carácter informativo, por lo que no limita la posibilidad de contratar. No modifica el resultado final. Basados en el principio de inocencia, no creemos que deba prosperar, porque se exponen las denuncias”, indicó.
El ministro señaló también que lo anterior podría generar “incertidumbre” entre los funcionarios a cargo de la selección, lo que favorecería la demora en la firma de contratos.
A raíz de ello, Arista reveló que el Estado tarda un promedio, para cerrar acuerdos de contratación, 100 días hábiles para bienes y servicios; mientras que para obras son 285 días hábiles, es decir, cerca de nueve meses, sin contar posibles apelaciones en el proceso.
En ese sentido, el titular del MEF recordó que la Contraloría ha revelado que el 52% de los adicionales de obra en Perú se generan por deficiencias en los expedientes técnicos (ET). Por ello, instó al Congreso a reinsertar en la nueva ley la potestad de sancionar a los responsables de esos documentos ineficaces.
“Nos preocupa porque es un problema principal para las autoridades. Era una propuesta del Ejecutivo: sancionar a los profesionales de planteles técnicos o proveedores que elaboraron ET ineficientes. Estos malos profesionales no pueden seguir siendo contratados”, recalcó.
Arista también cuestionó que el predictamen del Congreso indique que una entidad solo podrá declarar la nulidad de oficio en un proceso de selección después del otorgamiento de la buena pro.
“Eso tendría como consecuencia que las instituciones estén obligadas a suscribir contratos con proveedores impedidos, aún cuando hayan detectado algo antes de firmar el contrato. Proponemos que no se elimine esa potestad, pero que se restrinja a supuestos específicos”, sostuvo.

